El IRTA pone en marcha el primer proyecto piloto de energía agrovoltaica en frutales de Cataluña
El Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, a través del IRTA, pone en marcha el primer piloto de energía fotovoltaica en frutales de Cataluña, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector agrícola y la adaptación al cambio climático.
El proyecto, que tiene un coste de 813.389€, está financiado con el Fondo Climático y tendrá una duración de 5 años.
El Gobierno trabaja con el objetivo de implementar medidas encaminadas a realizar una transición energética hacia un modelo 100% renovable. Y en el contexto de Cataluña, la competencia por un espacio limitado supone un reto debido a las necesidades de producción de energía solar con placas fotovoltaicas y el cultivo agrícola, uno de los principales motores económicos del país.
Por eso, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural pone ahora a disposición del sector agrario una instrucción técnica que establece los criterios para hacer compatible la generación de energía “agrovoltaica” en terrenos agrícolas; esto es, la convivencia en un mismo terreno de placas solares y cultivos. Y el IRTA, en paralelo, ha puesto en marcha un proyecto de 5 años para estudiar cómo funciona esta convivencia, y cuál es la mejor forma de asegurar una buena producción tanto energética como alimentaria, e incluso, si se pueden crear sinergias positivas.
Se trata del primer proyecto piloto de energía agrovoltaica en frutales de Cataluña, y es uno de los estudios pioneros a nivel del Estado y también en Europa (donde ya se han realizado algunas experiencias en Francia y Alemania). Una plantación de manzanas Gala y Golden en Mollerussa (Lleida) será el objeto de estudio, y ya se pueden ver cómo se elevan las placas por encima de los árboles, a una altura máxima de 5,5 metros. El proyecto piloto empezó el pasado año, y ya está recogiendo datos en dos plantaciones de 2.880 m2 en Mollerussa. En total, y entre las dos instalaciones, se han instalado 322 paneles fotovoltaicos con una producción energética máxima de 165 kW. La disposición de la instalación permite a los cultivos recibir la cantidad de luz solar necesaria para su crecimiento, mientras que las placas solares capturan la energía solar para producir electricidad.
“La hipótesis es que esa combinación puede funcionar bien aquí. Tenemos unas condiciones de radiación solar muy altas a principios de primavera y verano, así que la reducción de la temperatura por la sombra que hacen las placas solares puede dar unas condiciones más favorables para la producción de fruta. En nuestra latitud y con nuestras condiciones, este sistema debería ser más favorable que en climas más fríos como los del norte de Europa” ha explicado esta mañana Luis Asin, jefe del programa Fruticultura del IRTA.
El proyecto ha tenido un coste de 813.389 euros y está financiado con el Fondo Climático que gestiona la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental. Este fondo verde se nutre del 50% de los ingresos obtenidos con el impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica y el 20% de la recaudación del impuesto sobre las instalaciones que inciden sobre el medio ambiente.
Una nueva alternativa para la competitividad del sector y la adaptación al cambio climático
El agrovoltaísmo es un sistema de explotación mixto que combina el agrario y el eléctrico en una misma extensión. El aprovechamiento compartido de la radiación puede permitir que existan dos actividades económicas en la misma superficie, y de esta forma se podría mejorar la competitividad del sector agrícola. La instrucción que ha desarrollado la Dirección General de Agricultura y Ganadería fija unos criterios generales y unos criterios específicos relacionados con el uso del suelo, el rendimiento de los cultivos y las diferentes tipologías de sistemas de soporte que deben tener estas instalaciones.
De esta forma, la normativa establece que es obligatorio mantener la actividad agrícola durante toda la duración del proyecto agrovoltaico. En concreto, debe garantizarse que el rendimiento del cultivo agrícola en la superficie total del proyecto después de la construcción de la instalación agrovoltaica sea como mínimo el 60% del rendimiento de referencia. Por otra parte, no se podrán llevar a cabo instalaciones que puedan alterar la estructura natural del suelo ni utilizar soleras de hormigón para evitar la compactación y degradación del suelo agrícola, excepto en los centros de transformación y vallas.